Lejos de la gente

La noticia tuvo poca repercusión en los medios de comunicación, quizás porque fue tapada por el bochorno protagonizado por los concejales oficialistas al esconderse y no tratar, de frente a los vecinos, la ordenanza ad referéndum presentada por el Intendente que modificaba el uso de suelo de un sector de 40 ha en San Luis.

Ese mismo día se intentó el desalojo, a través de una orden judicial, de Atlético Beisbol Club del predio que usufructúan desde hace 21 años en Chachapoyas. El mismo fue resistido por los socios y sus familias que concurrieron rápidamente al club y evitaron que un oficial de Justicia tomara posesión del mismo.

Ambos acontecimientos son un acto más del conflicto permanente que se presenta por el uso del suelo y su propiedad. Aunque parecieran ser totalmente diferentes, en ellos se advierte un mismo estilo de gestión, el de un gobierno local alejado de la gente.

El caso de Atlético en Chachapoyas es un conflicto que no puede resolverse solamente ajustado a derecho. Los tiempos han cambiado y en él se debe analizar a fondo la responsabilidad social de Refinor S.A., propietario del predio.

A principio de los noventa YPF, en ese entonces del estado nacional, le cede en comodato al Atlético Beisbol Club una pequeña fracción de 2,5 ha dentro del predio de Chachapoyas. 

Luego YPF fue “privatizado” por el gobierno justicialista de Menem. En el predio de 42 ha funcionaba la Planta de Almacenamientos y Despacho de Combustibles de YPF la cual, era evidente ya en ese momento, que debía ser desactivada por su cercanía con la ciudad que crecía a pasos agigantados.

Refinor S.A. se benefició en un primer momento al adquirir un predio industrial que inevitablemente, y en poco tiempo, se transformaría en uno de alto valor urbano.

La planta se desactivó como era previsible casi inmediatamente y Refinor S.A., después de muchos años, comenzó su desmantelamiento. 

Una vez más se benefició con la expropiación de 5 ha para la prolongación de la avenida Virrey Toledo hasta la rotonda distribuidora del acceso norte. Beneficiado porque al precio que obtuvieron por la expropiación sumaron, una vez más, el mayor valor urbano que su predio adquiría al ser atravesado por una avenida iluminada y con una accesibilidad envidiable.

La Municipalidad de Salta debería haber exigido, ya hace tiempo, un plan de abandono del predio a Refinor S.A.  Es lo establecido en la Ley de Protección del Medio Ambiente cuando se finaliza una actividad industrial. Se deben analizar los pasivos ambientales y la forma de remediarlos. Es casi una obviedad decir que también tendrían que haber hecho un análisis de los “pasivos sociales”, es decir, qué hacer con Atlético si querían cambiar el destino de todo el predio para un desarrollo inmobiliario. 

Lo ridículo sería permitir que se desaloje al club y luego la Municipalidad le pida a Refinor S.A. un Estudio de Impacto Ambiental y Social para el nuevo desarrollo inmobiliario. Ya no estaría en el estudio el impacto tan negativo que representa el desalojo de un club de beisbol de niños y jóvenes; muerto el perro se acabó la rabia, en el decir popular.

Las dos posibilidades, la de quedarse en el predio o la de mudarse a otro, tienen alternativas para analizar, pero en todos los casos Refinor S.A. debe asumir su responsabilidad social, la de resarcir a la comunidad de un club que trabajó muchos años y con mucho esfuerzo para construir sus canchas, su pileta, su quincho y todas sus instalaciones para la práctica de deporte de sus hijos. 

Desde hace seis años, Refinor S.A. busca concretar el desalojo de Atlético por distintos medios, pero nunca asumiendo su responsabilidad social en el tema. Digámoslo más claro, buscando una solución a costo cero, cuando los que no deben poner un peso son precisamente los damnificados, la comunidad del Atlético Beisbol Club.

El Concejo Deliberante de la Ciudad tiene herramientas legislativas para aportar en la solución, el Gobierno de la Ciudad también debe involucrarse y no hacer la plancha, con gestión y con su poder de negociación.

En el caso de San Luis, el bloque de concejales oficialista abandonó su obligación de legislar en materia de planeamiento urbano. No cumplieron con sus deberes de funcionarios públicos. Se perdió la oportunidad de debatir seriamente y con fundamentos sobre un proyecto, que había cumplido las instancias establecidas para su  presentación, pero que por ello solo, no reunía todos los pasos establecidos en la Carta Municipal para su aprobación y puesta en vigencia.

En este caso no se identificó con precisión la necesidad de la producción salteña de contar con área de apoyo logístico en las cercanías del aeropuerto. No se analizó la superficie necesaria para ello. No se presentaron localizaciones alternativas al área prevista. Se debería haber acotado, con más detalle, en el texto de la ordenanza las nuevas actividades que se buscaba permitir. 

Cuando se legisla se debe tener en cuenta el interés general, de esto no caben dudas, pero también se debe mirar con detenimiento y analizar los efectos negativos que se producen con ello. Esto es fundamental en materia de planeamiento urbano, más aún cuando se estaba legislando sobre un área rural que progresivamente tiende, en forma natural, a ser urbana.

Si para aprobar el proyecto del acueducto sur de la ciudad, que pasaba por San Luis, hubo que hacer un Estudio de Impacto Ambiental y Social, incluida una audiencia pública, es hora que al momento de legislar en materia de uso de suelo dentro del Municipio implementemos mecanismos de mayor participación de la gente.

El caso es que tuvimos dos acontecimientos que exigen que el Concejo Deliberante asuma su responsabilidad de legislar, de estudiar cada problema, de trabajar con los interesados, de alcanzar soluciones ingeniosas que contemplen todos los intereses en juego, pero que fundamentalmente lo hagan  más cerca y de frente a la gente.